OPERACIÓN MASACRE, de Rodolfo Walsh
Leído en 2023 por segunda vez.
Prólogo de Osvaldo Bayer: Un grito de alerta: Operación Masacre es un gran grito de alerta. Nadie como Walsh supo describir a los verdaderos fundadores de la gran masacre que vendría después. El teniente coronel Fernando Suárez no es nada más que la reencarnación del otro teniente coronel Héctor Benigno Varela, fusilador de las peonadas patagónicas, y el predecesor contemporáneo de esas figuras, casi inverosímiles en su crueldad y su brutal soberbia : Menéndez, Massera, Camps. El método de Fernández Suárez es el mismo, la bravata, el golpe y la intimidación, la tortura, el robo de las pertenencias, el asesinato, pues pone una a una las pruebas sobre la mesa. Los Aramburu, Rojas, Manrique , Quaranta, recurren a los civiles. Los civiles encuentran siempre la solución. El discurso de Aguirre Lanari – hombre de todas las dictaduras y de nuestras pobres democracias- en La Plata , lo dice todo. El asesino será aplaudido. Walsh no se queja, demuestra.
Cuando uno lee Operación Masacre, puede entender muy bien el porqué de la reacción de la juventud en los 60 y 70. Ahí está la raíz de la violencia. Había que ser muy pequeño como joven para no sentir vergüenza. Vendrá el golpismo como profesión, con aquellos protagonistas dignos de sainetes y novelones de principio de siglo, como los Toranzo Montero, Sánchez de Bustamante, López Aufranc y después de ellos, aparecieron Aramburu franquista, el triste Onganía con su general Fonseca y los bastones largos.
Todo esto y mucho más, es el ejemplo de democracia que se daba a nuestra juventud. Se sembró violencia y sus obispos representativos fueron generales y almirantes de gestos mesurados, respaldados por intelectuales afincados en la aristocracia de la cultura, y políticos ansiosos asomados a la puerta de los cuarteles, mientras se apoyaba y se metía picana al vulgo, a los plebeyos. No había más censura para las clases lectoras, pero se metía bala en los basurales. Un pueblo, de la mano de la democracia peronista a la nueva década infame de los 50 y 60; la primera década de 13 años la segunda, de 18.
Pero lo que más aflige es la ofensa que el hombre lleva adentro le basta escribir a Walsh
El fusilado que vive: Pedro Livraga, cuya casa se encontraba en el número 1624 de la calle Florencio Varela, en Florida.
Tres hijos tiene don Pedro, la mayor está casada, dos varones en cambio, viven con él. Uno de estos es Juan Carlos, flaco de estatura mediana, tiene rasgos regulares, ojos pardo verdosos, cabellos castaños y bigote. Le faltan unos días para cumplir 24 años.
Sus ideas son enteramente comunes, las ideas de la gente del pueblo, por lo general acertadas con respecto a las cosas concretas y tangibles, nebulosas o arbitrarias en otros terrenos. Tiene un temperamento reflexivo y hasta calculador; pensará mucho las cosas y no dirá lo que no le convenga. Ante el peligro se mostrará lúcido y sereno, y pasado el peligro, demostrará un coraje moral que debe señalarse como su principal virtud: será el único entre los sobrevivientes o los familiares de las víctimas, que se atreva a presentarse para reclamar justicia.
Fusilados: en Avellaneda, en las inmediaciones del Comando de la Segunda Región Militar, se producen dos o tres escaramuzas entre rebeldes y policías. Estos toman algunos prisioneros, después irrumpen en la Escuela Industrial y sorprenden al teniente coronel José Irigoyen, con un grupo que pretendía instalar allí el Comando de Valle y una emisora clandestina.
La represión es fulminante. Dieciocho civiles y dos militares son sometidos a juicio sumario en la Unidad Regional de Lanús. Seis de ellos serán fusilados: Irigoyen, el capitán Costales, Dante Lugo, Osvaldo Albedro y los hermanos Clemente y Norberto Ros. Dirige este procedimiento el subjefe de Policía de la Provincia, capitán de corbeta aviador naval Salvador Ambrosio. Los tiros de gracia corren por cuenta del inspector mayor Daniel Juárez. Con fines intimidatorios el gobierno anunció esa madrugada que los fusilados eran dieciocho.
En La Plata, una bomba lanzada contra una zapatería céntrica, parece ser la señal que aguardan los rebeldes para entrar en acción. En el regimiento 7mo, el capitán Morganti subleva la compañía bajo su comando. Grupos de civiles toman las centrales telefónicas; en las calles céntricas numerosos transeúntes estupefactos ven pasar varios tanques Sherman, seguidos por camiones cargados con tropas, que a toda velocidad se dirigen al comando de la Segunda División y al Departamento de Policía. En éste hay apenas 20 vigilantes mal armados; ni el jefe ni el subjefe se encuentran en él. El primero está revisando los muebles de Don Horacio Di Chiano en Florida, el segundo dirigiendo la represión en Avellaneda y Lanús.
Va a comenzar la lucha más espectacular de toda la intentona revolucionaria: se disparan alrededor de 100.000 tiros, según un cálculo oficioso. Habrá media docena de muertos y unos 20 heridos, pero las fuerzas rebeldes, cuya superioridad material es a primera vista abrumadora en ese momento, no conseguirán ni el más efímero de los éxitos.
Noventa y nueve de cada cien habitantes del país, ignoran lo que está pasando. En la misma ciudad de La Plata, donde el tiroteo se prolonga innecesariamente toda la noche, son muchos los que duermen y solo a la mañana siguiente se enteran por las radios. No se ha pronunciado una sola palabra sobre los acontecimientos subversivos, no se ha hecho la más remota alusión a la Ley Marcial, que como toda ley, debe ser promulgada y anunciada públicamente antes de entrar en vigencia.
A las 24 horas del 9 de junio de 1956, pues no rige la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación.
Pero ya ha sido aplicada y se aplicará luego a hombres capturados antes de su imperio y sin que exista, como existió en Avellaneda la excusa de haberlo sorprendido con las armas en la mano
Mal fusilados: declaración del teniente de fragta Jorge Dillon: agrega Dillon que “… horas más tarde, encontrandosé el declarante en la Secretaría de Jefatura, escuchó el comentario de que tal orden había sido cumplida, pero que se lo había hecho en forma deficiente, pues se había llevado al grupo de detenidos a un descampado, y allí , algunos habían logrado darse a la fuga , y la policía se había visto obligado a tirarles mientras corrían, no habiéndose podido hacerles formar ante el pelotón de fusilamiento, como es de rigor. Según el mismo comentario, aquello había resultado de tal forma “una carnicería”, y al tener conocimiento de tal hecho, el Jefe de Policía mostró indignación por la incapacidad demostrada y pocos días después fue declarado en disponibilidad el entonces jefe de la unidad, Rodriguez Moreno.
Frenos a la investigación: la investigación del juez doctor Belisario Hueyo, prueba todo lo que afirmé en mis artículos de “Mayoría”, y en la primera edición de este libro: que se detuvo a un grupo de hombres antes de entrar en vigencia la ley marcial, que no se les instruyó proceso, no se averiguó quiénes eran, no se les dictó sentencia y se los masacró en un descampado.
Sobre la amplia brecha abierta en la negativa oficial, se lanza el doctor Hueyo, está fresca todavía la tinta de la firma de Rodríguez Moreno cuando el juzgado dispone: 1) CITESE al segundo jefe de la Unidad Regional de Mar del Plata comisario Benedicto Cuello a prestar declaración el lunes 21 a las 10:00 h ; 2) CITESE al señor médico de policía de la comisaría de Moreno, doctor Chiesa a prestar declaración el mismo día lunes a las 9:30 h; 3) Constitúyase el juzgado el día martes 22 en la Unidad Regional de San Martín a fin de recibir declaración al personal de dependencia; 4) Seguidamente constitúyase en el Policlínico de dicha ciudad para recibir declaración a médicos, enfermeras y demás personal y proceder al examen del libro de entradas de la institución.
La premura del juez estaba justificada: Fernández Suárez, acorralado después de la confesión de Rodríguez Moreno, y ante el rumor que invadió La Plata de que era inminente su prisión preventiva, acudió en busca de ayuda a los niveles más altos de la Revolución Libertadora. El lunes 21 de enero de 1957, por la mañana, acompañado del interventor en la provincia coronel Bonnecarrere, solicitó audiencia al general Aramburu y fue recibido en presencia del general Quaranta; allí pidió y obtuvo la complicidad del presidente de la nación.
Esa misma noche , el Interventor Bonnecarrere, convocó a una reunión de emergencia a la que asistió Fernández Suárez. Se fletó un avión especial para traer de la localidad de Ayacucho, donde se hallaba en esos momentos, al presidente de la Suprema Corte de la Provincia doctor Amílcar Mercader. En ese marco se discutieron prolongadamente los fusilamientos de José León Suárez , el peligro que para la Revolución Libertadora representaba, la clara decisión del juez de establecer la verdad y los medios con que contaba el Ejecutivo para impedirlo.
OprobiosoFallo de la Suprema Corte de la Nación. Procurador Sebastian Soler: el caso fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el 24 de abril de 1957 dictó uno de los fallos más oprobiosos de nuestra historia judicial, con la firma de todos sus miembros, doctores Alfredo Orgaz , Manuel J. Argañaraz, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Benjamín Villegas Basavilbaso, previo dictamen del procurador general de la nación doctor Sebastián Soler.
Este fallo, al pasar la causa a una titulada “justicia militar”, igualmente cómplice y facciosa, dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez.
Media carilla le basta al doctor Soler, para dictaminar sobre los episodios que he relatado en este libro y aquí su opinión:
“De acuerdo con las manifestaciones del denunciante, el hecho que se investiga en autos habría sido llevado a cabo por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, del informe obrante a fojas 24, se desprende que en oportunidades de los sucesos del 9 de junio de 1956, las fuerzas policiales actuaron con subordinación a las disposiciones y autoridades de carácter militar.
En consecuencia, atento a lo que disponen los artículos 108 y 109 del código de Justicia Militar, opino que debe declararse la competencia de la justicia militar para conocer en el sub-judice. Destaco, por lo demás, que esta conclusión está reforzada por el artículo 136 del mismo texto legal, en cuanto dispone que la responsabilidad de las autoridades militares por los bandos que promulguen o los encargados de su aplicación, cuando se hubieren extralimitado en sus funciones sólo podrá hacerse efectivo por los tribunales militares”.
Obsérvese: el dictamen no menciona siquiera la fundamental disyuntiva planteada por el doctor Hueyo: pasa como sobre ascuas, por todos los aspectos serios del problema. Se fundamenta en la pueril vaguedad de que la policía estuvo subordinada al Ejército durante los sucesos del 9 de junio de 1956, cosa que es falsa, porque en la totalidad del 9 de junio, y puesto que durante ese día no se promovió ningún decreto que modificará su situación, la policía no estuvo legalmente subordinada al Ejército, sino al Ministerio de Gobierno de la provincia. Pero que además no tiene nada que ver, aun siendo falsa, porque la denuncia de Livraga, que es la que se le plantea , se refiere a un delito cometido el 10 de junio, que es lo mismo que decir un día después, un año después, un siglo después.
¿O es que un célebre jurista llega a creerse un Ángel o un personaje de Wells para jugar así con el tiempo? en media carilla, el doctor Soler se traga todo lo que durante décadas ha enseñado en sus cátedras y en sus textos.
Fusilados 3 – respuestas de los gobiernos: se trató de presentar a la Revolución Libertadora y a sus herederos hasta hoy, el caso límite de una atrocidad injustificada, y preguntarles si la reconocían como suya o si precisamente la desautorizaban. La desautorización no podía revertir otra forma que el castigo a los culpables y la reparación moral y material de las víctimas.
Doce ediciones de este libro, alrededor de 40 artículos publicados, un proyecto de ley presentado al Congreso, innumerables alternativas menores, han servido durante 12 años para plantear esa pregunta a cinco gobiernos sucesivos. La respuesta fue siempre el silencio.
La clase que esos gobiernos representan, se solidariza con aquel asesinato, lo acepta como hechura suya y no lo castiga, simplemente porque no está dispuesta a castigarse a sí misma.
Las ejecuciones de militares en los cuarteles fueron, por supuesto, tan bárbaras, ilegales y arbitrarias como la de los civiles en el basural.
Los seis hombres que al mando del coronel Irigoyen pretendieron instalar en Avellaneda el comando de Valle, y a quienes se capturó sin resistencia, son fusilados en la Unidad Regional de Lanús en la madrugada del 10 de junio.
El coronel Cogorno, jefe el levantamiento en La Plata, es ejecutado en los primeros minutos del 11 de junio, en el cuartel del Regimiento 7. El civil Alberto Abadie, herido en la refriega, previamente curado, recién el 12 al anochecer está maduro para el pelotón, que lo enfrenta en el bosque el 10 de junio. Al mediodía son juzgados en Campo de Mayo los coroneles Cortines e Ibazeta y cinco oficiales subalternos: el tribunal presidido por el general Lorío resuelve que no corresponde la pena de muerte. El Poder Ejecutivo salta olímpicamente sobre la cosa juzgada y dicta el decreto 10.364 que condena a muerte a 6 de los 7 acusados. La orden se cumple a las 3:40 h de la madrugada del 11 de junio, junto a un terraplén.
Al mismo tiempo se fusila en la Escuela de Mecánica del Ejército a los cuatro suboficiales que momentáneamente la habían tomado, y en la Penitenciaría Nacional a cuatro suboficiales del Regimiento de Palermo, presuntamente implicados. Tiempo después, hablé con la viuda de uno de ellos, el sargento músico Luciano Isaías Rojas y me confió que aquella noche del levantamiento, su marido había dormido con ella en su casa.
El 12 de junio se entrega al general Valle a cambio de que cese la matanza. Lo fusilan esa misma noche. Suman 27 ejecuciones en menos de 72 horas en 6 lugares distintos. Todas ellas están calificadas por el artículo 18 de la Constitución Nacional vigente en ese momento que dice “queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos políticos”
En algunos casos se aplica retroactivamente la ley marcial, en otros se vuelve abusivamente sobre la cosa juzgada. En otros, no se toma en cuenta el desistimiento de la acción armada que han hecho a la primera intimación los acusados.
Se trata, en suma, de un vasto asesinato, arbitrario e ilegal, cuyos responsables máximos son los firmantes de los decretos que pretendieron convalidarlos generales Aramburu y Ossorio Arana, almirantes Rojas y Hartug, brigadier Krause.
Represión contra el peronismo: en los últimos meses, he debido ponerme por primera vez en contacto con esos temibles seres, – los peronistas- , que tanto inquietan a los titulares de los diarios, y he llegado a la conclusión (tan trivial de que me asombra no verla compartida) de que por muy equivocados que estén, son seres humanos y deben tratárselos como tales, sobre todo no debe dárseles motivos para que persistan en el error. Los fusilamientos, las torturas y las persecuciones, son motivos tan fuertes, que en determinados momentos pueden convertir el error en verdad.
Más que nada , temo el momento en que humillados y ofendidos, empiecen a tener razón doctrinaria, amén de la razón sentimental humana que ya les asiste, y que en último término, es la base de aquella, y ese momento está próximo, y llegará fatalmente si se insiste en la desatinada política de revancha que se ha elegido, sobre todo contra los sectores obreros. La represión del peronismo tal como ha sido encarada no hace más que justificarlo a posteriori y esto no solo es lamentable, es idiota.