REPUBLICA DE LA IMPUNIDAD, por FEDERICO DELGADO
Leido en 2021
Como los jueces van manejando la impunidad: Hay cosas sencillas que hemos naturalizado porque pasan a diario, y de alguna manera son convalidadas por los protagonistas: un hecho esclarecido parcialmente, una pericia realizada a medias, testigos que nunca fueron llamados a declarar, un allanamiento que se hizo a destiempo, una investigación que se prolongó más de lo que el caso justificaba, integran el elenco de micro comportamientos que , al final determinan que un delito o una parte de un delito no sean penados.
Pasa básicamente porque la impunidad no cae del cielo, no depende solamente de las solidez moral de los funcionarios o de las malas leyes. Aunque esos insumos son importantes, la cuestión decisiva es que la impunidad se construye socialmente. Incluso la propia sociedad acepta como una regla informalmente institucionalizada, que la impunidad sea una de las consecuencias posibles de sus acciones. Muchas veces, la bronca colectiva tiene que ver con algunos casos de corrupción cuya magnitud excede la imaginación ciudadana, y tienen la capacidad de generar una indignación inconmensurable. Pero ese enojo puntual no conmueve la aceptación social de la impunidad como una de nuestras lógicas de acción social.
insisto en que la impunidad es una construcción social que permite un ejercicio corrupto del poder, que garantiza que ese ejercicio corrupto carezca de consecuencias legales, y que por su propia dinámica, aunque respeta formalmente las leyes electorales, en los hechos coloque barreras económicas y culturales que hacen que solo la clase política compita por los roles de gobierno, debido a complejas relaciones con intereses económicos y financieros que a la vez sostienen esa clase política. De hecho eso explica en parte que la dirigencia no se renueve.
LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO EN LA DEMOCRACIA: Sí la modernidad supuso la transferencia de la política a las instituciones a cambio de la mediación, la ineficacia de los mecanismos de mediación vuelve brutalmente violentas las relaciones interpersonales. Así los ciudadanos resignan cualquier tipo de participación en los asuntos públicos, y un pequeño número de personas, pero poderoso en términos cualitativos, ocupa los espacios de diseño e implementación de las políticas públicas. El miedo, la indiferencia, el odio estimulan el retiro de las personas a los asuntos privados. Mientras tanto las esferas de decisión se concentran en pocas manos, y esas pocas manos se sirven de las instituciones para conseguir sus fines particulares, que incluyen negocios lícitos, actividades ilícitas, impunidad para los amigos y venganza para los que no lo son.
El hartazgo, la rabia que produce la palabra judicial, el cansancio que genera la corrupción y la impunidad, probablemente sean el sendero que la sociedad recorra para redefinir su lugar.
NUESTRA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN: Gran parte de la dirigencia social y política de nuestro país disfrutó de los beneficios de una justicia que fabriCÓ impunidad y violencia a expensas de su credibilidad. La historia de la corrupción en nuestro país, es la historia de una cultura que tolera la toma de las instituciones como un botín. Es la historia de un sistema judicial que tiende a hacer la vista gorda, y es la historia de un final calcado, porque los hechos permanecen impunes. Esta triada formada por la cultura, la corrupción y la impunidad, es perjudicial para un gran número de ciudadanos, pero es altamente remunerativa para un pequeño sector, que como dije antes, se apropió de las instituciones en las que se objetiviza el Estado.
DEMOCRACIAS DE BAJA INTENSIDAD: El 17 de marzo de 2019, el ex presidente Mauricio Macri, en pleno auge del caso D’Alesio, afirmó frente al periodista Luis Majul , que el Poder Ejecutivo había pedido el juicio político del juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, porque se prestó a un show mediático y político. Cuando el ex presidente realizó esas declaraciones, vulneró la división de poderes y el artículo 109 de la Constitución Nacional. Pero pudo hacerlo, porque hay un sustrato cultural que permite y tolera las intromisiones de un poder en la potestad de otro. El problema no fue solamente la declaración de Macri, que colocó todo el peso de la Presidencia de la Nación sobre la libertad para trabajar de un juez de primera instancia, sino que las expresiones del primer mandatario pasaron inadvertidas, como una de las tantas opiniones que circulan en la feria política. Allí yace la cuestión nodal, porque esa concepción cultural de invocar las reglas cuando son favorables y tratar de eludirlas cuando funcionan como un obstáculo, es lo que llevó a Guillermo O’Donnell a definir en su libro “Democracia delegativa” a muchas democracias de América Latina como de baja intensidad. Eso significa que si bien se respeta la mayoría de los derechos civiles y políticos básicos, el único control del poder político será electoral, porque la delegación ciudadana de poder en la Presidencia es casi absoluta.
O’ Donnell describió el fenómeno y lo llamó democracias delegativas, porque en ellas quien gana las elecciones asume que le asiste el derecho a gobernar como le plazca, más allá de lo que digan las cartas constitucionales. Basta ganar una elección, para que el presidente encarne los intereses superiores de la Nación. Ello lo autoriza en ese esquema a prescindir de todos los mecanismos de control; el deterioro institucional de esta matriz de ejercicio del poder es obvio y el impacto cultural de ese modo de ejercer el poder no es tan obvio, pero sí muy profundo, porque derrama sobre la sociedad y estimula su indiferencia ante la política.
En el fondo, la indiferencia es la acción que nos retira de la vida pública, y funciona como la anestesia que adormece la posibilidad de sentir. Nos convierte en autómatas que repiten comportamientos y malas experiencias, aunque a veces nos quejamos por lo que nos pasa. Incluso salimos a las calles, pero nos mostramos incapaces de pasar del testimonio a la acción. Sentimos que el Estado, cuyo fin después de todo es fijar un piso de igualdad relativa que nos permita desplegar nuestras capacidades, nos aplasta, pero no reclamamos lo que es nuestro, porque olvidamos que las instituciones son nuestra creación y que existen para hacernos la vida más sencilla. Sentimos la angustia derivada de ser responsables de nosotros mismos, el desamparo de una institucionalidad que no nos contiene, y que reproduce corrupción, impunidad y violencia, la desesperación que nace de no tener una forma para ver el futuro, y por todo ello, en vez de recrear un proyecto colectivo nos encerramos cada vez más en nosotros mismos. Olvidamos también la razón por lo que algunos jueces emblemáticos que personificaron lo que no debe ser un juez, ocuparon sus cargos por más de 20 años. Sentimos eso como violencia, y sí, es violencia. Pero no buscamos la causa de esa violencia persistente y desintegradora.
Esa indiferencia nuestra es un beneficio de inventario para la dirigencia política que habla mucho de nuestros líderes, pero que también habla de nosotros.
EVIDENTE PARCIALIDAD Y ENEMISTAD DEL JUEZ BONADIO EN LA CAUSA CUADERNOS: En julio de 2015, antes de la causa Cuadernos, cuando el juez Bonadío ordenó allanamientos en las propiedades de Cristina – en el marco de la causa Hotesur -, la todavía presidenta dijo por cadena nacional “no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso o extorsionador.” Cuando Bonadio la convocó a prestar declaración como imputada, ella lo recusó como era de esperar.
En los Tribunales Federales de Comodoro Py, dicha enemistad era bien conocida y se esperaba que un nuevo juez tomará las riendas de la causa, pero Bonadio se negó a apartarse en el proceso, y quienes debían revisar esa decisión, ratificaron su negativa de un modo contradictorio. El 16 de agosto de 2016 , la sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, elaboró un fallo en el que reconoció el significado del derecho a un juez imparcial, pero ratificó a Bonadio. De ese modo obligó a la justicia como institución, a convivir con la sospecha de un juicio amañado que nunca se despejó más allá de la inocencia o culpabilidad de Fernández de Kirchner.
EL MAL DESEMPEÑO DE LA CAUA CUADERNO – LOS ARREPENTIDOS – : cada acuerdo era el eslabón de una cadena de impactantes hechos de corrupción sobre los que había una genuina sospecha social. Pero el modo en que se instrumentaron esos acuerdos alojo una sospecha insuperable: otra vez la cultura metió la cola. En lugar de grabar en video un acuerdo sobre un tema sensible, se dejó solo por escrito como en el siglo XIX. El resultado para la democracia fue traumático, porque una pesquisa que podía empezar a recomponer la relación entre la justicia y la sociedad , se auto envolvió en una bruma de sospecha.
En efecto, la narración de Centeno y las decisiones de los acusados de arrepentirse, fueron el motor de ese expediente, pero con el paso del tiempo las confesiones trajeron aparejadas denuncias de los arrepentidos. Casi todas, en el fondo cuestionaban lo mismo: el grado de libertad con que concurrían al arrepentimiento. Gerardo Ferreyra , un detenido en el marco de esa causa, y dueño de la empresa Electroingeniería, que durante los años del kirchnerismo estuvo en la agenda pública por supuestos vínculos con funcionarios, fue el más claro: denunció que recibió presiones para arrepentirse y que al no ceder permaneció detenido. No importa aquí si dijo la verdad o no, sino ver cómo la cultura jurídica a veces obliga a sospechar de la Justicia.
POR LA VEREDA DEL SOLO, LOS ACOMODATICIOS: La ambigüedad de la arquitectura institucional, puso en manos de los burócratas una herramienta fenomenal: la capacidad de ser amigo del poder y enemigo de quienes lo perdieron. Allí está anclada la chance de acomodarse siempre, de ir para un lado y después para el otro, de distraerse un tiempo por un comportamiento e indignarse después por él mismo. En esta matriz se ubica el trabajador prototípico de la Justicia Argentina: el acomodaticia
Los acomodaticios son la gran mayoría de los empleados judiciales y trabajan en silencio, pero son claves, son quienes de verdad sostienen el edificio judicial. Muchas veces encerrados en sus trajes y modos solemnes, son escudos de la resistencia a los cambios. Con su labor silenciosa y aparentemente opaca , median la relación entre los sujetos de los procesos acusados, querellantes y los abogados de unos y otros y los magistrados. Cada día, en un momento determinado, tienen que informarle a su jefe lo que pasó en cada causa. El hábito del informe desarrolla una relación singular de los empleados de los Juzgados y la Fiscalía con sus superiores. Es una proximidad que se aprovecha para influir y que los acomodaticios exprimen al máximo. Ellos escuchan a los jueces y a los fiscales, festejan sus bromas y guardan su silencio, sus secreto. Son los guardianes de las puertas de los despachos, y cualquiera que desea hablar con “Su Señoría”, debe negociar con el acomodaticio, el amo de los permisos de acceso.
El acomodaticio desarrolla una sensibilidad especial para los estados de ánimo de los superiores, y también huelen la desesperación del que acude a ellos y saca ventaja. Si un abogado necesita que la causa avance lentamente, porque especula con los plazos, precisa también que el trabajador judicial envíe mal una notificación, que se olvide de hacer una medida de prueba, o que demore más de lo debido de mover un expediente.
PRUEBA DE LA MIRADA: Phillip Petit , un reconocido filósofo político del republicanismo, postula que para saber si una persona es libre debe pasar por la prueba de la mirada. Quiere decir que es libre quien puede decir lo que quiera mirando a su interlocutor a los ojos, aún cuando sea su jefe en el trabajo, porque solo es libre quien no reconoce otro señorío que el de sí mismo. Para los judiciales, yo hablo de la prueba del espejo: no todos cuando se levantan por la mañana soportan mirarse a los ojos sin agachar la cabez.
FORMAS DE CORRUPCION DE LOS JUDICIALES: Muchos judiciales aceptan favores porque temen desafiar al sistema. Quien desafía el sistema, ya lo dije, pierde la esperanza de seguir siendo parte de él. La entrada, la cena, el viaje, la cátedra, crean deudas morales que no prescriben. Los judiciales beneficiarios de esas prebendas serán deudores de acreedores implacables; son deudas que se pagan cada vez que el acreedor recuerde aquel favor, con la simple mirada cómplice.
Estas deudas morales se adquieren por la propia dinámica, derivada de un ambiente de trabajo en el que reinan los temores, que se traducen en instituciones débiles. Los reglamentos se cumplen poco y nada, entonces el trabajador judicial desarrolla este tipo de estrategias por motivos varios, a veces para sobrevivir, otras por avaricia. Pero esas deudas morales generan más angustia que satisfacciones: no pagarlas significa romper los códigos y atenerse a las consecuencias.
Así por aquella enajenación de la que hablaba Rozitchner a través de Marx, esa angustia y esos temores que muchas personas generalmente sufren en su lugar de trabajo, se resignifican como deudas morales que equivalen a permanecer condicionados en el trabajo.
Para que las cosas cambien, es necesario moverse desde la deuda hacia la rebeldía. Mientras que eso no pase quienes deben hacer justicia no podrán escapar del molde acomodaticio, serán deudores eternos de alguien poderoso, y solo podrán usar sus conocimientos y sus cargos para especular, para sobrevivir, para construir puentes con perdedores de hoy, que serán ganadores de mañana, para acomodarse lo mejor posible. Siempre como deudores y nunca como actores que pasen la prueba del espejo.
EFECTOS DEL NEOLIBERALISMO: Insisto en que los argentinos desconocemos la dimensión de los efectos del terror en nuestra vida y en el funcionamiento de las instituciones. El terror justificó que muchas acciones se transformarán en el cimiento de nuestra vida pública, por ejemplo la corrupción y la impunidad asociadas al ejercicio de funciones públicas. El saqueo sin costo de bienes del Estado se volvió una práctica. Por lo tanto, se convirtió en normal que un corrupto permanezca impune. Es más, fue el terror el que permitió que la sociedad tolere en democracia, que se haya implementado el neoliberalismo que había visto sus primeros brotes gracias al golpe de Estado de 1976.
Hay consenso en la literatura politológica sobre la relación entre la dictadura y el neoliberalismo. De hecho, no es materia de debate. Pero a menudo no se repara en que la justicia también se amoldó al nuevo escenario neoliberal, tanto en su relación con los ciudadanos como hacia adentro con los acomodaticios. La justicia reemplazó al ciudadano por un cliente, y al servicio público se lo concibe como un trabajo. La degradación de la vida pública es parte del sistema neoliberal.
COMO EVITAR EL TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PODER JUDICIAL: Dentro del sistema judicial, es necesario ajustar las normas a los tiempos que corren. Hay que crear oficinas de prensa que tengan el monopolio de la información y que sean las mediadoras entre la justicia y la sociedad civil. Se trata de una oficina que de manera universal, horizontal y plural, suministre al público todo lo que se pueda contar, sin afectar el trabajo de jueces y fiscales o los derechos de los actores. Ello significa que jueces y fiscales no puedan hablar más off the record. Si decidieran qué es necesario comunicar algo en particular, deberían hacerlo a través de un reportaje o de la oficina de prensa.
Esta simple decisión podría terminar con el tráfico de influencias, definir con claridad posiciones y despejar las sospechas alrededor de la relación entre los judiciales y la prensa. Supondría un quiebre en la privatización de la producción de la Justicia y tanto los ciudadanos como las empresas de medios más importantes, podrían acceder en pie de igualdad a la información judicial
Esta pequeña transformación, planteada en términos hipotéticos, sumaría franqueza en el terreno de la comunicación judicial. La franqueza, que no es un insumo habitual, constituye el medio más idóneo para reducir el espacio que generalmente existe entre los datos de los expedientes y lo que se dice que son los datos de los expedientes.
La franqueza, además, es una práctica. Los griegos utilizaban la palabra parresía para definir la necesidad de decir la verdad sin temor a las consecuencias.
ELECCIONES Y DEMOCRACIA: Es necesario plantear si solo el procedimiento electoral para elegir autoridades garantiza una democracia, o sí, aún la versión mínima de la democracia, exige otras dimensiones. Yo creo que es la segunda. En palabras de Giovanni Sartori en su libro «Teoría de la democracia. El debate contemporáneo¨, nuestro régimen político podría satisfacer la garantía mecánica de la democracia, que son las elecciones, pero no la sustantiva, que es la legitimidad del régimen derivado del proceso de formación política de la opinión pública.
Apenas para redondear la idea, diré que la fase actual del capitalismo necesita más que nunca del sistema judicial, ya que en el siglo XXI. los regímenes políticos nos darán cada vez más derechos formales, pero en la misma proporción nos excluirán de las decisiones económicas. Por lo tanto la posibilidad de reprimir a “los insolentes” que “amenazan “ al régimen , necesita de una justicia para reprimir.
APROPIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POR EL GRUPO DE AMIGOS: Hay un adentro y un afuera que pujan por apropiarse de las instituciones, y un tercer sector que sufre siempre. Este segmento muchas veces se refugia en espacios muy estimulantes organizados alrededor de la ley. Pienso en centros culturales, clubes, grupos de amigos que discuten asuntos públicos. La realidad les preocupa aunque carecen de peso para incidir concretamente en cambios sociales profundos. A veces deciden intervenir. Cuando quieren dar ese paso no tienen otra alternativa que ajustarse a las reglas de comportamiento que exige ingresar al juego de las instituciones que, repito, implica sustituir la lealtad a la Constitución para elegir la lealtad al difuso régimen que viabiliza una forma de Estado botín. Si efectivamente logran cumplir sus objetivos, es muy probable que ya no sean las mismas personas que se encontraban en clubes o centros culturales, ya que el proceso de ingreso modificó su personalidad.
Así, hay estratos que tienen la capacidad de tomar decisiones, que obtienen múltiples ganancias derivadas de eso, y que pueden transformar de acuerdo con sus valores a quienes aspiran a modificar dicho formato. Lógicamente no están dispuestos a abandonar esas herramientas. Incluso son capaces de sacrificar a algunos de sus hombres, o de hacer determinadas concesiones con tal de no perder por completo el control. Por ejemplo forzar la renuncia de un juez emblemático, adoptar tibias medidas de distribución del ingreso, o incluso lanzar reformas legales para combatir la corrupción, como fue l*a tormenta ética¨ que Carlos Menem anunció en abril de 1999, y que consistía en un paquete de medidas para enfrentar las denuncias contra su gobierno. La tormenta, claro está , no mojó a nadie y todo siguió prácticamente igual.
MANDATO E IMPUNIDAD: La oportunidad de tener una vida buena en la que no haya espacio para la impunidad, yace y se juega en las pequeñas prácticas de los argentinos y en las grandes decisiones morales que luego deben tener correlato en la arena política. Primero se trata de garantizarles a todas las personas el derecho a la existencia. Luego de consensuar que prácticas están permitidas y cuáles están prohibidas. Para que todo eso sea posible, es imprescindible retener siempre que el poder político es de los ciudadanos – el presidente es el primer mandatario porque los mandantes somos nosotros – y, por lo tanto, también retener que todos los funcionarios públicos que eligieron dedicar su vida a atender los asuntos comunes, deben rendir cuentas permanentemente a sus jefes, que somos sus pares y ciudadanos.
En ese esquema institucional, el sistema judicial probablemente sea un fiel custodio de las leyes y el resultado de su trabajo en el tiempo genere un marco social en el que los ciudadanos no tengan que volver a ver que un exfuncionario, como ocurrió con José López, oculta en un convento, en medio de la noche, grandes sumas de dinero obtenido de forma ilegal, pero tampoco decisiones como las del ex presidente Mauricio Macri, de alterar mediante un decreto una ley del Congreso (la 27.260 sobre el blanqueo de dinero), que permitió que algunos de sus familiares disfrutarán de esa dispensa que los legisladores habían prohibido.
Con esas condiciones podremos edificar un Estado republicano y neutral en el sentido en que lo explicaba Pericles en la Antigua Grecia. Es decir, un Estado obligado a tolerar y garantizar todas las concepciones de vida buena que quieran los ciudadanos y, a la par, a estar atento para destruir y limitar los intentos de cualquier grupo o persona que, por razones económicas o institucionales, busquen limitar el derecho de los ciudadanos a definir lo que es el bien público.
Dicho de un modo más sencillo, el remedio contra la impunidad es la República y la construcción de una República Democrática con instituciones fuertes y saludables. Es una tarea colectiva, edificada sobre la decisión individual de cada uno de nosotros. Es un deber, pero, aún más importante es un querer.